
El fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini, imputó hoy al dirigente piquetero Emerenciano Sena, a su mujer Marcela Acuña, y a Osmar “Quintín” Gómez, un ex funcionario del gobierno de Jorge Capitanich y allegado a los Sena, en una causa que se inició en 2010 por el delito de trata de personas.
La denuncia la hizo Sergio Schoklender cuando todavía estaba al frente del programa Sueños Compartidos. Acusaba al piquetero, entre otros delitos, de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11.
La causa estuvo parada durante casi 13 años pero fue reactivada tras el asesinato de Cecilia Strzyzowski con nuevos testimonios.
Para el fiscal, los tres imputados “habrían captado a los denunciantes al ofrecerles trabajo, engañándolos haciéndoles creer que tendrían buenas condiciones laborales y que serían los dueños de las casas que ellos mismos construirían, aprovechándose de la clara situación de vulnerabilidad de los mismos producto de las necesidades económicas, la falta de acceso a una vivienda adecuada, al empleo regulado y adecuadamente remunerado”. Además, Sabadini los acusa además de haberse valido “del uso de violencia, amenazas y hostigamiento de toda índole, como insultos y maltratos psicológico, desvalorización, para mantenerlos en esa situación de subordinación, ante el riesgo constante de quedar sin trabajo”.
El fiscal Sabadini es el que investiga el dinero encontrado en la casa de los Sena y sostiene que la trata de personas podría ser el delito precedente del lavado de dinero. En ese expediente, se pidieron informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Unidad de Información Financiera (UIF), y a varios Registros de la Propiedad y del Automotor. También se libró un oficio a la Secretaría General de Gobierno de la Provincia del Chaco para que informe cada una de las transferencias que recibió el clan Sena.
Pocos días después, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un organismo oficial de la provincia del Chaco, confirmó que este año le transfirió $141.395.812,83 a la Fundación “Saúl Andrés Acuña”, que sigue intervenida por el gobierno de Jorge Capitanich. Los pagos comenzaron el 1 de febrero y se cortaron el 2 de junio, el mismo día que fue asesinada Cecilia Strzyzowski.