San Juan

• Diciembre 21, 2023

En el marco del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia que busca desregular la economía en Argentina, el presidente Javier Milei incluyó la derogación de leyes que afectan al sector minero, uno de los pilares de la economía de San Juan.

La medida apunta a la ‘Derogación del Sistema Nacional del Comercio Minero y del Banco de Información Minera’, según lo detallado en el extenso decreto que cuenta con más de 300 derogaciones de leyes. La justificación principal es la eliminación de costos en el sector minero mediante la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera, ambas de la década del 90 y bajo la jurisdicción de la Secretaría de Minería de la Nación.

El Sistema Nacional de Comercio Minero, encargado de organizar y archivar datos sobre la oferta y demanda de productos y subproductos mineros, dejará de estar en vigencia. Esta derogación afectará la tarea de reunir, almacenar, procesar y poner a disposición de los usuarios toda la información actualizada sobre la actividad minera.

La eliminación del Banco Nacional de Información Minera, encargado de relevar y procesar información sobre equipamiento y recursos humanos en el sector, también forma parte de la medida. La estructuración de una red de información pública accesible y la edición periódica de la información contenida en el sistema serán tareas que se dejarán de ejecutar.

El impacto de esta decisión en el sector productivo más importante de San Juan, la minería, está en espera de un análisis más detallado. Daniel Cárcamo, dirigente de la Cámara de Servicio Minero (Casemi), señaló la necesidad de escuchar a los referentes mineros para entender las implicancias de esta derogación. Según señaló “esto podría impactar de manera positiva en el incentivo a la inversión en el sector, con el consiguiente beneficio que representa para la provincia”.

Alejandro Donna, secretario de la comisión directiva de Casemi, se centró en la mención de dos leyes específicas, relacionadas con el mercado minero y el banco minero, ambas fechadas en 1995 y 1996, respectivamente. Donna señaló que estas leyes eran prácticamente obsoletas, sin aplicación activa, y que las modificaciones propuestas no tendrían un impacto significativo en la industria minera.

Desde su perspectiva, el foco debería estar en la derogación de leyes más relevantes, como la Ley de Glaciares, para impulsar cambios sustanciales a favor de la industria. En su análisis, Donna destacó que la derogación de las leyes mencionadas en el DNU, centradas en la recopilación de datos de la industria minera, no representaría un cambio sustancial ni positivo. En resumen, el análisis técnico de Donna destaca la necesidad de cambios más significativos y estratégicos en las regulaciones para beneficiar verdaderamente a la industria minera y aborda la falta de consulta con los gobernadores en este proceso.

En respuesta, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, expresó que “San Juan será protagonista en minería, energía renovable, turismo. Es una provincia que tiene mucho para aportar”, mostrando optimismo respecto al futuro del sector en la provincia.

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